Ley de accesibilidad web: a quién obliga desde junio de 2025 y qué revisar en tu web

La Ley 11/2023 se aplica desde el 28 de junio de 2025 a las webs y aplicaciones con las que se vende online, se opera con el banco, se compran billetes o se leen libros electrónicos, y pide el nivel AA de las WCAG 2.1. Las microempresas que prestan servicios están exentas sobre el papel, pero desde este verano las grandes plataformas piden el cumplimiento a sus proveedores. Aquí va a quién obliga, qué significa el nivel AA con seis ejemplos y cómo mirar tu web en cinco minutos.

Qué ley es y desde cuándo se aplica

La Ley 11/2023, de 8 de mayo, transpone la Directiva (UE) 2019/882, conocida como Acta Europea de Accesibilidad. Hasta entonces, la obligación con fecha y nivel concretos la tenían el sector público (Real Decreto 1112/2018) y las empresas de ciertos sectores (Real Decreto 1494/2007); esta ley la extiende a los servicios privados que enumera.

Hay un periodo transitorio. Los servicios que ya se prestaban antes de esa fecha con productos en uso pueden seguir así hasta el 28 de junio de 2030, y los contratos firmados antes de junio de 2025 pueden agotarse hasta la misma fecha. Una web que se estrena o se rehace ahora no tiene ese margen: entra con la norma ya en vigor.

A qué servicios obliga

La ley no habla de "todas las webs de empresa". Enumera servicios, y son estos:

La fila que afecta a más lectores de esta guía es la primera. Si tu web tiene carrito y pasarela de pago, está dentro. Si vende reservas o citas cobradas online, también es comercio electrónico. Una web corporativa con teléfono y formulario no está en la lista, y prefiero decirlo claro.

¿Y si soy una empresa pequeña?

Las microempresas que prestan servicios quedan exentas de los requisitos de la ley. Microempresa, aquí, es la que tiene menos de 10 empleados y un volumen de negocio anual o un balance que no supera los 2 millones de euros. Una tienda online con tres personas no está obligada por la Ley 11/2023, y la administración de consumo no tiene base para sancionarla.

El matiz llegó en agosto de 2026. Según recogía Autónomos y Emprendedor el 7 de agosto, Consumo no sanciona a los exentos, pero las grandes plataformas de venta están pidiendo el cumplimiento a sus vendedores y proveedores por contrato, porque ellos sí están obligados y responden de lo que se vende a través de sus plataformas. La exención legal no te libra de una cláusula de proveedor. Y hay una segunda vía por la que llega la exigencia: si trabajas para una empresa obligada, tu parte del servicio tiene que cumplir para que la suya cumpla.

Qué nivel se pide y qué significa en la práctica

La ley remite a la norma europea EN 301 549, que para contenido web y aplicaciones adopta las WCAG 2.1 en nivel AA. Son 50 criterios y suenan a jerga. Seis de ellos explican la mayor parte de lo que vemos fallar.

Contraste. El texto tiene que distinguirse del fondo con una relación de al menos 4,5 a 1 en el texto normal y 3 a 1 en el grande. Gris claro sobre blanco no llega. Es el error más frecuente que medimos y el más barato de corregir: se cambia un color en la hoja de estilos.

Textos alternativos. Cada imagen que aporta información lleva un atributo alt que diga lo que se ve. Un lector de pantalla lee ese texto; sin él, dice "imagen" y sigue. Las imágenes decorativas llevan un alt vacío para que no estorben.

Navegación con teclado. Todo lo que se puede hacer con ratón se puede hacer con la tecla Tab y con Enter, y se ve dónde está el foco en cada momento. Los menús desplegables que solo abren al pasar el ratón por encima fallan aquí.

Formularios con etiqueta. Cada campo tiene una etiqueta asociada que el lector de pantalla anuncia al llegar. Un campo cuyo único texto es el placeholder gris que desaparece al escribir no la tiene. Los errores se explican con una frase, además del borde rojo.

Vídeos con subtítulos. Un vídeo con voz lleva subtítulos sincronizados. Un vídeo de presentación sin audio no los necesita, pero si hay una locución explicando el producto, sí.

Tamaño de los botones. Los elementos táctiles tienen espacio suficiente para pulsarlos con un dedo sin acertar al de al lado. Los iconos de redes sociales en el pie, a 20 píxeles y pegados, son el ejemplo habitual.

Ninguno de los seis exige rehacer la web. Exigen revisarla con un método y arreglar lo que salga, que casi siempre es menos de lo que el dueño teme y más de lo que cree su diseñador.

Las sanciones que prevé la ley

La Ley 11/2023 fija las multas por tramos, entre 301 y 1.000.000 €, según la infracción sea leve, grave o muy grave, y las administraciones de consumo son las que instruyen. No conocemos sanciones publicadas con esta ley todavía; lleva poco más de un año en aplicación y los expedientes tardan.

El caso que se cita siempre es anterior. La Secretaría de Estado de Derechos Sociales sancionó a Vueling con 90.000 € en octubre de 2020 porque su web cumplía 4 de los 38 requisitos que medía el informe técnico, y la Audiencia Nacional confirmó la multa en 2024. Se aplicó la ley general de derechos de las personas con discapacidad, no la Ley 11/2023, pero enseña una cosa: el nivel exigido era el mismo, las WCAG en nivel AA.

Cuántas webs cumplen y qué falla

El barómetro de inSuit de 2025 sitúa en un 2 % las webs privadas plenamente conformes. Es el estudio de un proveedor de accesibilidad, así que hay que leerlo con esa reserva; no conocemos un dato oficial equivalente.

Nuestro dato es más pequeño y está medido en casa. El 3 de septiembre de 2026 pasamos Lighthouse móvil sobre 194 portadas de webs municipales de la Comunidad de Madrid. Son webs del sector público, obligadas desde 2018 y con más años de exigencia que cualquier tienda, y aun así:

La nota mediana de accesibilidad de Lighthouse fue 84 sobre 100; 7 portadas sacaron 100 y el 24 % se quedó por debajo de 80. Una portada municipal tenía 86 elementos con contraste insuficiente; un portal turístico financiado con fondos Next Generation no tenía declaración de accesibilidad. Otras enlazan declaraciones fechadas en 2016. Si esto pasa en webs con obligación desde hace ocho años, en una tienda que nunca ha mirado el tema el resultado no suele ser mejor.

Conviene saber lo que mide Lighthouse. Es una herramienta automática y Google avisa de que solo detecta una parte de los problemas; cubre solo una parte de los criterios de las WCAG. Detecta contraste, alt que faltan, enlaces sin nombre y tamaños de botón. No detecta si un alt dice algo útil, si el orden de lectura tiene sentido ni si un formulario se puede completar con un lector de pantalla. Eso es revisión manual, y por eso una nota de 100 en Lighthouse no equivale a cumplir.

Compruébalo en cinco minutos

1. Abre tu web en Chrome, entra en el menú de los tres puntos, Más herramientas, Herramientas para desarrolladores, y elige la pestaña Lighthouse. Marca solo Accesibilidad y dispositivo móvil, y ejecuta. Apunta la nota y los errores en rojo.
2. Cierra las herramientas y navega solo con el teclado: pulsa Tab desde la portada hasta llegar al pie. Si en algún momento no sabes dónde estás, o el menú no se abre, ya tienes un fallo que Lighthouse no ve.
3. Sube el zoom del navegador al 200 % (Ctrl y la tecla más). El texto tiene que seguir leyéndose sin desplazarte a los lados y sin que se monten los bloques.
4. En el móvil, activa el lector de pantalla (VoiceOver en iPhone, TalkBack en Android) y entra en tu formulario de contacto o de compra. Escucha qué dice en cada campo. Si dice "campo de edición" sin más, falta la etiqueta.

Con eso tienes en cinco minutos una idea honesta de dónde estás. Nuestra auditoría automática hace el primer paso por ti y le añade velocidad, cookies y correo, en un informe que puedes reenviar a quien te lleve la web.

Qué cuesta arreglarlo

Depende del tamaño de la web y de cuántas plantillas distintas tenga, porque los errores se corrigen por plantilla, no por página.

Una tienda sube de ahí, porque hay que revisar el listado, la ficha de producto, el carrito y el pago, cada uno con sus formularios, y probar la compra completa con teclado y con lector. El precio se cierra después de la auditoría, cuando ya se sabe cuántas plantillas hay que tocar, y no cambia después. Lo que incluye y lo que no está en la página de accesibilidad y cumplimiento.

Para un ayuntamiento u organismo público el trabajo es otro, con declaración oficial y precio cerrado por debajo del contrato menor; está explicado en sector público.

¿Y si soy un ayuntamiento?

Para el sector público la norma es otra, el Real Decreto 1112/2018, que exige el mismo nivel AA, una declaración de accesibilidad con el modelo oficial enlazada desde todas las páginas y revisada al menos una vez al año, y un cauce de quejas con respuesta en 20 días hábiles; cómo se hace esa declaración está en la guía sobre la declaración de accesibilidad de un ayuntamiento.

Lo que no se ve desde fuera

Desde fuera puedo medir el contraste, los alt, los nombres de los enlaces y el tamaño de los botones. Lo que no puedo saber sin entrar es si el proceso de compra se completa con un lector de pantalla, si los PDF que descargas están etiquetados o si el vídeo de la portada tiene subtítulos en todos los idiomas de la web. Tampoco puedo decirte si tu empresa cuenta como microempresa, porque eso depende de la plantilla y de las cuentas del año anterior, y lo tiene tu gestoría.

Lo que sí puedo decirte es que en las 194 portadas que medimos, la corrección más frecuente costaba cambiar un color. Empieza por pasar la auditoría a tu web y mira qué sale; si el resultado es una lista corta, con un bono de horas se arregla, y si es larga, en accesibilidad y cumplimiento tienes el precio cerrado y lo que incluye.